ROSA ESTARÁS. MIEMBRO DEL GRUPO POPULAR EUROPEO
La lucha contra la exclusión social es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en la sociedad actual y las consecuencias de la crisis que vivimos no están poniendo las cosas fáciles.
Demasiadas veces, en mi opinión, la exclusión social y la pobreza aparecen asociadas a la discapacidad y es preciso atajar de una vez una situación de profunda injusticia para los que sufren este drama.
La pobreza, en muchos casos, eleva el riesgo de sufrir algún tipo de discapacidad, y al mismo tiempo, la discapacidad ahonda aún más en la situación de pobreza. ¿Qué hacer entonces para romper este vínculo tan pernicioso?
Recientes estudios de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial, así como de diversas entidades privadas han analizado este problema y han realizado un diagnóstico de la situación en España, que dista mucho de ser idílica.
Los informes de estas instituciones ponen de manifiesto que las personas con rentas bajas y expuestas a precariedad laboral, tienen más posibilidades de padecer una discapacidad, y lo que es peor, las probabilidades de sufrir una discapacidad prematura se incrementan.
Según un estudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza EAPN, en cuanto a las diferencias de nivel de vida, el riesgo de que una persona padezca una discapacidad es de un 8% en los hogares que no superan los 1.000 euros de ingresos mensuales. Los números disminuyen considerablemente en las familias con ingresos superiores a los 2.500 euros y alcanzan solo un 2,45%.
Concretamente, en nuestra región, más de la cuarta parte de los ciudadanos de Illes Balears se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social en el año 2010, de entre los que hay una gran proporción de personas con algún tipo de discapacidad.
Actualmente, el 15% de la población mundial padece algún tipo de discapacidad. Las personas con una discapacidad psíquica tienen todavía mayores dificultades, y si el perfil es el de una mujer nos encontramos ante un verdadero drama.
Si hoy en día se habla de doble discriminación cuando nos referimos a la discapacidad y a la mujer, esta situación se ha agravado considerablemente debido a la crisis económica y a los recortes que se están llevando a cabo. En efecto, si las mujeres con discapacidad encontraban mayores dificultados que sus homólogos masculinos a la hora de trabajar, y en general en todos los ámbitos de la vida, la situación de crisis no ha hecho sino más que incrementar esta problemática. Así pues, información procedente de distintos censos y encuestas, prueban que las mujeres con discapacidad, como grupo, ocupan un estatus inferior en nuestra sociedad, encontrándose en una situación de enorme desventaja social, económica, educativa y profesional.
Tal y como reflejan los escasos estudios existentes, del medio millón de personas con discapacidad que no recibe ayudas, un 66% son mujeres.
Otro de los obstáculos que deben sortear las personas con algún tipo de discapacidad es el acceso a la educación en condiciones de igualdad. Es altamente preocupante comprobar que muchos niños con discapacidad y familias con bajos ingresos no asisten a la escuela.
Por poner un ejemplo, en los hogares españoles con rentas de menos de 1.500 euros, el porcentaje de analfabetismo entre las personas con discapacidad es mayor y mucho menor el de los que tienen estudios superiores.
Por estos motivos, considero que es fundamental una educación accesible a todos los niños y personas con discapacidad, pero sobre todo una educación inclusiva, que tenga en cuenta las necesidades de cada estudiante. Si conseguimos dar una educación de calidad a todas las personas con discapacidad, en el futuro podrán optar a puestos de trabajo que exigen ciertas cualificaciones, con lo que consiguen unos ingresos mensuales, al mismo tiempo que reducen las posibilidades de dependencia de prestaciones sociales y disminuye el desempleo entre este sector de la población.
Además, no podemos olvidar que uno de los objetivos del nuevo guión europeo de cara al futuro en materia de crecimiento económico y empleo, la Estrategia Europa 2020, se ha marcado como objetivo primordial alcanzar una tasa de empleo del 75% entre la población de 20 y 64 años, y para lograr esta cifra, es necesario implicar a las personas con discapacidad.
Es necesario, por tanto, que se tomen medidas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la educación y el empleo, en sintonía con el informe aprobado el pasado mes de octubre en el Parlamento Europeo elaborado por el eurodiputado popular Ádám Kósa para mejorar la inclusión de los ciudadanos europeos. Por otra lado, aparte de las disposiciones ya aprobadas por las Instituciones de la UE y los gobiernos de los Estados miembro, es preciso seguir luchando por la discapacidad con el objetivo de que las medidas que se adopten no lo sean de forma aislada y discontinua.
El siguiente paso es establecer una Ley Europea de Accesibilidad, que podría ver la luz a lo largo de este año. Es una deuda que Europa aún debe saldar con los más de 80 millones de europeos que sufren algún tipo de discapacidad.
La sociedad europea, española y la balear en concreto, es cada vez más solidaria y consciente de la importancia de alcanzar la igualdad entre los ciudadanos. Estamos, por tanto, preparados para normalizar y equilibrar la balanza. Es la hora de eliminar barreras.
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